x Miguel Ángel de Lucas
Egin, La Realidad, Ardi Beltza... no pocos medios se han visto obligados a cerrar tras la muerte de Franco. En el quinto aniversario del cierre de Egunkaria, hablamos con su director, Martxelo Otamendi, y recordamos otros medios proscritos, así como las penas a periodistas que tocaron temas sensibles.
El 20 de febrero se cumplían cinco años del cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria. El juez Juan del Olmo decretó un cierre “cautelar”, tras acusar a sus responsables de vinculación con ETA. En la práctica, la detención de sus editores y el despido de los trabajadores suponía la muerte del primer diario íntegramente en euskera desde la II República. No era la primera decisión de este tipo. En julio de 1998, otro diario vasco, Egin, era cerrado bajo la misma acusación: formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. Y la ofensiva judicial continuo en 2001 con la clausura de Ardi Beltza. Pero la presión sobre medios incómodos no se queda en publicaciones con nombre vasco. En diciembre de 2001, el semanario crítico cántabro La Realidad echaba el cierre tras una sentencia inasumible de 120.000 euros de multa por un artículo satírico sobre el ex presidente del PP Cántabro, Carlos Saiz. Ocurre también con los informadores.
Según recuerda el periodista David Fernández, “antes del cierre de medios de comunicación, muchos periodistas y medios de comunicación sufrieron la persecución política y judicial. Casi siempre con el trasfondo de artículos donde aparecían el Ejército o Juan Carlos de Borbón”. Así, Fernández recuerda varios casos. La directora de Punto y Hora de Euskal Herria, Mirentxu Purroy, estuvo encarcelada 14 días por ‘injurias al Ejército’ en enero de 1977. Su siguiente director Sánchez Erauskin sufrió meses de cárcel por injurias al rey tras ser condenado a dos años por el artículo Paseíllo y espantá en 1981, tras la accidentada visita de Juan Carlos I a Gernika. Sobre Juanjo Fernández, también en el mismo medio, recayó una sentencia –tras ser absuelto en primera instancia– de seis años y un día en 1986 por el artículo Julio de los mundiales y agosto de las multinacionales publicado en Punto y Hora en 1982. Ha habido otros juicios menores. En Galicia, periodistas de A Nosa Terra fueron juzgados: el director Alfonso Eyre y el colaborador Manuel Ribeiro. El director de Egin también fue procesado en 1993.
En estas páginas recordamos algunas publicaciones silenciadas. Hay más. No incluimos radios o televisiones, que exigirían un mayor espacio. Los casos aquí descritos son la muestra, no obstante, de que la libertad de expresión reconocida por los derechos humanos y la Constitución no rige para quienes se desvían.
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