miércoles, 26 de marzo de 2008

Comisiones multimillonarias al vender el Rey la casa de su padre

Familiares de Don Juan Carlos cobraron 1,5 millones por vender en 2,7 millones la casa de Don Juan. Los compradores, de CPV, están en prisión, condenados por una estafa a 1.200 madrileños. La Casa Real dice que es un tema privado.
Kaos. Estado Español (20 minutos)



Comisiones multimillonarias al vender el Rey la casa de su padre

Familiares de Don Juan Carlos cobraron 1,5 millones por vender en 2,7 millones la casa de Don Juan.

Los compradores, de CPV, están en prisión, condenados por una estafa a 1.200 madrileños.

La Casa Real dice que es un tema privado.

Dos familiares del Rey, Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón, intermediaron en la venta de Villa Giralda, la finca que fue residencia en Madrid de Don Juan de Borbón, padre del monarca, a cambio de una comisión de 1,5 millones de euros (248,4 millones de pesetas).

El precio de venta fue de 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas), por lo que la comisión representó un inusual 55,5% sobre el total.

La transacción se formalizó el 21 de febrero de 2002 con la entrega de tres cheques al portador de 901.518,16 euros cada uno tanto al Rey como a sus dos hermanas, Pilar y Margarita.

En total, comisiones incluidas, CPV desembolsó 4,2 millones
El comprador fue Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), empresa implicada en una espectacular estafa inmobiliaria que afectó a más de 1.200 personas. En total, comisiones incluidas, CPV desembolsó 4,2 millones.
Los honorarios cobrados por los Gómez Acebo se instrumentaron en cuatro pagos, según documentación de CPV a la que ha tenido acceso 20minutos.es.

Bruno Alejandro Gómez Acebo y Borbón, sobrino del Rey, recibió personalmente 200.000 euros y la empresa de la que es administrador único, Gómez-Acebo Consultores Inmobiliarios S.L., otros 636.472 euros.

Marcos Gómez Acebo ingresó 250.000 euros y su sociedad, Gómez Acebo Internacional Group, S.L., 407.485.

El Rey y sus dos hermanas recibieron tres cheques al portador de 901.518,16 euros cada uno
Bruno Alejandro es administrador y socio de Labiernag 2000, la sociedad de inversión colectiva (sicav) desde la que Pilar de Borbón, hermana del Rey, canaliza sus inversiones.
Las sicav son las entidades favoritas de las grandes fortunas para colocar su patrimonio y disminuir notablemente su factura fiscal.

Preside una promotora inmobiliaria radicada en Melilla -Inmomelilla Obras y Promociones, S.A.- y es administrador único de Easy Flat, empresa domiciliada en Madrid y dedicada a estudios de mercado.

Marcos Gómez Acebo es presidente de Sociedad Anónima de Comunicación y Publicidad (Saco) y consejero delegado de Lietama Comunicación Integral y Xelios Biometrics, una firma dedicada a la informática, según indica su objeto social.
El chalet tiene de 871 metros cuadrados construidos en una parcela de 4.230 metros cuadrados
Es también administrador de una promotora inmobiliaria, Compañía Urbanizadora del Coto, y de una firma de transporte de mercancías, Urbanhop.

Para la compra de la propiedad, un chalet de 871 metros cuadrados construido en una parcela de 4.230 metros, CPV obtuvo un crédito de Ibercaja, entonces presidida por Manuel Pizarro, hoy diputado electo del PP.
Fue la última adquisición de la sociedad. A la firma de la escritura CPV estuvo representada por los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, actualmente en prisión.

Las partes implicadas no se quieren pronunciar

20 minutos trató ayer de recabar de manera infructuosa la versión de Bruno Alejandro Gómez Acebo, mientras que Marcos Gómez Acebo rehusó efectuar comentario alguno.

Por su parte, un portavoz de la Casa Real manifestó que se trataba de un tema privado de la Familia Real, de los que nunca realiza comentarios.

CPV, una estafa de 25,7 millones

La Justicia ha cifrado en 25,17 millones de euros el quebranto económico que los administradores de CPV causaron a los más de 1.200 afectados por la estafa.

Los perjudicados pagaron entre 300.000 y 500.000 pesetas de señal y otro millón como entrada por pisos en el norte de Madrid que nunca se construyeron.

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