Hay una larga tradición en el actual Estado Español, por no remitirnos al del que procede lo principal de sus instituciones represivas, el Franquismo, de malos tratos, torturas, secuestros y asesinatos, en síntesis de guerra sucia, de actividades criminales y contra los más elementales derechos humanos.
Esas son unas prácticas habituales que adquieren unos perfiles más bestiales cuando son utilizados contra los movimientos sociales y políticos que cuestionan el actual estado de cosas.
En el caso de la represión contra el movimiento popular vasco, la llamada guerra sucia alcanza cotas absolutamente antagónicas con lo que gente normal entiende por un estado democrático y de derecho, dibujando lo que el régimen actual realmente es: un sistema post-franquista que mantiene elementos fundamentales de aquel que procede, sin que haya habido la menor depuración de sus elementos, métodos y entramados institucionales orientados a la represión política y social.
A lo largo de estos mas de treinta años de monarquía post-franquista hemos asistido a miles de casos de malos tratos y arbitrariedades policiales, a centenares de torturados/as y asesinados/as y a un buen numero de desaparecidos/as, especialmente en relación con la lucha del Pueblo Vasco, pero también en el resto de pueblos bajo jurisdicción del estado.
Allí donde hay movimiento popular, allí aparecen antes o después prácticas policiales y judiciales ilegales y en bastantes ocasiones criminales.
Batallón vasco-español, GAL u otras diversas siglas, o de forma anónima, desde determinados sectores de las fuerzas de seguridad del estado, con la complicidad de las principales fuerzas políticas y medios de comunicación, se vienen manteniendo desde el mismo inicio de la transición una estrategia de guerra sucia contra el movimiento popular vasco, que tiene como último capítulo, hasta ahora, el caso de Jon Anza.
El Sr. Rubalcaba, que ya fue ministro de los GAL, tiene ahora la responsabilidad política principal sobre este caso, a estas alturas bastante evidente, de secuestro, tortura, asesinato y ocultación de cadáver de una persona vinculada al movimiento popular vasco.Qué artimañas, qué fuga hacia delante estará tramando para no enfrentarse con la verdad de los hechos.
Queremos expresar nuestro profundo rechazo a este nuevo episodio de guerra sucia, así como nuestro compromiso de solidaridad en la lucha por la consecución de un autentico sistema de libertades y garantías democráticas, que desde luego hoy no tenemos en ninguno de los Pueblos bajo la jurisdicción del Estado español.
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