Se van a entregar sendos escritos solicitando la derogación de la Ley 15/97 y que, en las Autonomías donde estos partidos gobiernen, se detenga el proceso privatizador de la sanidad pública.
Solidaridad Obrera - Acta sanitaria
De Izq. a Drch.: Manuel Fernández, Ana Mª Martínez, Ángel Navarro y Ángeles Maestro Tras la entrega de estos documentos, a los que ya han dado su apoyo más de 300.000 personas con sus firmas, las organizaciones han convocado dos concentraciones ciudadanas que se desarrollarán esta tarde ante las sedes del PP y el PSOE para manifestar la "enorme preocupación" de los usuarios y los trabajadores del Sistema Nacional de Salud por el proceso de privatización de la Sanidad pública que se está llevando a cabo, fundamentalmente, en Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque tal y como aseguraron los portavoces de la iniciativa, ya se están atisbando en Cataluña, Islas Baleares y Andalucía.Ángeles Maestro, de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización; Ángel Navarro y Manuel Fernández, de CAS Madrid (la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid); y Ana María Martínez de Arenaza, de la Plataforma Matusalén, explicaron a ACTA SANITARIA que las consecuencias de estos nuevos modelos de gestión para la población son de un "enorme calado", tal y como ya han demostrado diferentes estudios internacionales al comprobar que los indicadores sanitarios (con morbilidad y mortalidad incluidos), son claramente peores en la sanidad privada con ánimo de lucro que en la pública.
Derogación de una Ley confusa y polémica
La aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, con los votos del PSOE y del PP, abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado. Así define CAS Madrid cómo surgió una "confusa" norma que ha dejado la puerta abierta a que cualquier entidad privada entre en la gestión de la sanidad pública.
Es por ello que hoy van a solicitar su derogación a los dos partidos políticos. Al PP por ser su máximo adalid y al PSOE por permitir que la Ley siguiera adelante hasta el día de hoy y por ser quienes actualmente están en el Gobierno, permitiendo que el Ministerio de Sanidad actúe "con pasividad e inoperancia" a pesar de ser testigo de lo que está pasando en algunas Comunidades Autónomas. "Todavía quedan esperanzas de que las Propuestas de Ley y no de Ley de Gaspar Llamazares para modificar esta norma salgan adelante en el Parlamento antes del próximo verano", expusieron.
Deterioro del sistema público
Según Ángeles Maestro y Ángel Navarro, desde hace años la política sanitaria de la Comunidad de Madrid ha estado dirigida a provocar un deterioro continuado del sistema público con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante los contribuyentes. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan a la Comunidad de Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por habitante.
A la par, se han aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad privada de todos aquellos servicios que se consideran económicamente rentables, lo que ha permitido la aparición de un sector privado listo para "parasitar" al sector público. Este déficit de financiación, junto con el incremento poblacional y la congelación real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial que, en palabras de los convocantes de las protestas de hoy, cualquier ciudadano puede observar y sufrir en los hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad.
Consecuencias manifiestas
Ya están pagando las consecuencias de este deterioro, "provocado", algunos de los mejores servicios sanitarios públicos, entre los que se encontrarían, como los primeros perjudicados, los centros de Atención Primaria de Pontones y Argüelles, a los que, según Navarro, seguirán muchos otros; el gran sistema integral de salud mental con el que contaba la Comunidad y que ahora está siendo desmantelado, volviendo a una asistencia "deshumanizada y estigmatizada" de estos pacientes; y los laboratorios públicos integrados en los hospitales tradicionales, que han sido sustituidos por el Laboratorio Central de Análisis Clínicos (privatizado a través de un concierto con Ribera Salud).
Sin olvidar los centros hospitalarios clásicos, que están siendo "maltratados" para dar prioridad a los nuevos hospitales privados, "pequeños y con camas insuficientes, lo que realmente los convierte en macroambulatorios", según criticó Ángela Maestro. "Esta crisis atroz podría poner en entredicho la gran inversión económica puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en breve podría estar en situación de bancarrota, con el consiguiente impago a las constructoras a las que hay que ingresar un canon por sus servicios", anunció.
Arantxa Mirón Millán
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